Cuando se aborda el despliegue del autoconsumo fotovoltaico, existe una palanca que, aunque discreta, puede resultar decisiva: la fiscalidad. Es ahí donde los ayuntamientos, con competencias directas sobre impuestos clave, tienen una capacidad real para fomentar la instalación de sistemas solares, tanto en viviendas como en empresas y edificios públicos.
La última edición del informe elaborado por la Fundación Renovables y UNEF pone el foco precisamente en esa herramienta, y más específicamente, cómo los municipios con más de 10.000 habitantes están utilizando los tres principales tributos municipales —IBI, ICIO e IAE— para bonificar el autoconsumo y facilitar su adopción.
Un impulso desde lo local: la fiscalidad como palanca
Los ayuntamientos no son simples receptores de políticas energéticas, sino agentes activos en la transición. Por su cercanía a la ciudadanía y a las pymes, y por su papel como reguladores fiscales en su ámbito territorial, pueden actuar con agilidad, diseñando ordenanzas que premien a quienes apuestan por generar su propia energía.
En ese contexto, la fiscalidad local se convierte en una herramienta estratégica. Tanto el IBI como el ICIO y el IAE son impuestos que pueden bonificarse, total o parcialmente, si se incorporan instalaciones fotovoltaicas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo: según el informe, la mayoría de los municipios analizados ya han empezado a aplicar este tipo de beneficios.
De los 780 municipios incluidos en el estudio, que concentran el 80% de la población y el 97% de las empresas del país, dos tercios aplican algún tipo de incentivo fiscal al autoconsumo. Es una muestra clara de que el compromiso local está creciendo, y de que existen instrumentos concretos para acelerar el cambio.
IBI: el recibo anual que puede reducirse a la mitad
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, más conocido como IBI, es el tributo que pagan los propietarios de inmuebles cada año. Su cuantía depende del valor catastral de la vivienda o local y del tipo impositivo que fija cada ayuntamiento.
Lo interesante es que la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 50% del IBI durante un máximo de cinco años si el inmueble cuenta con instalaciones solares de autoconsumo. Y muchos municipios lo están haciendo: el 67% de los ayuntamientos analizados en el informe ya aplican este tipo de bonificaciones, beneficiando a más del 80% de la población incluida en el estudio.
Pero no se trata solo de si se bonifica o no, sino también de en qué condiciones. Aquí entra en juego la claridad (y flexibilidad) de las ordenanzas. En la mayoría de los municipios con bonificación, los requisitos de acceso son razonables: potencias mínimas asumibles, sin exigir que el inmueble sea de uso exclusivamente residencial, ni vincular la ayuda a porcentajes excesivamente altos de energía autoconsumida. Solo un pequeño porcentaje impone restricciones que podrían dificultar el acceso a estos incentivos.
En cuanto a la distribución territorial, destacan especialmente comunidades como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, donde numerosos municipios ofrecen bonificaciones relevantes y bien diseñadas. En el otro extremo, hay provincias como Zamora, Cáceres o Segovia donde aún no se aplican reducciones sobre este impuesto.
ICIO: una ayuda directa al momento de instalar
El ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) se paga cuando se inicia una obra que requiere licencia o comunicación previa. Su cuantía depende del coste total de la actuación y puede llegar a suponer un 4% del presupuesto. Es decir, se trata de un gasto puntual, pero significativo, que puede suponer una barrera inicial para muchas personas.
Por eso, la bonificación del ICIO cobra sentido como medida de apoyo directo en el momento de realizar la inversión. Según el informe, el 65% de los municipios de más de 10.000 habitantes ya aplican reducciones sobre este impuesto, y lo hacen beneficiando al 79% de la población estudiada.
En este caso, además, la situación es aún más favorable que con el IBI. Casi la totalidad de los municipios que aplican bonificaciones lo hacen con condiciones asumibles o incluso sin requisitos técnicos adicionales. Esto facilita que más ciudadanos y empresas accedan al incentivo sin complicaciones burocráticas ni exigencias difíciles de cumplir.
La distribución provincial también es bastante homogénea. Salvo Melilla —donde el impuesto no se aplica—, todas las provincias cuentan con al menos un municipio que bonifica el ICIO, y en muchas de ellas más del 50% lo hacen. Es un indicador claro de que el autoconsumo empieza a formar parte de la agenda fiscal municipal de forma estructural.
IAE: el incentivo que aún tiene recorrido en el ámbito empresarial
El IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) afecta exclusivamente a empresas y profesionales que superan una determinada facturación. En este caso, la bonificación por autoconsumo permite reducir hasta un 50% de la cuota anual, y es especialmente relevante en entornos urbanos o industriales donde la presencia empresarial es significativa.
Sin embargo, es el impuesto que menos se está utilizando para impulsar la generación distribuida. Solo el 26% de los municipios analizados bonifican el IAE por autoconsumo, aunque, curiosamente, más del 50% del tejido empresarial de esos municipios podría beneficiarse si se aplicara de forma generalizada.
A pesar de esa limitada implantación, cuando se ofrece la bonificación, las condiciones suelen ser favorables. En el 75% de los casos, los requisitos técnicos o administrativos son considerados razonables, y muchos ayuntamientos ni siquiera limitan el número de años durante los que se puede aplicar la reducción.
En Opengy lo tenemos claro
El autoconsumo es rentable, accesible y transformador. Pero también es una oportunidad para que los municipios se conviertan en protagonistas del cambio energético. Bonificar el IBI, el ICIO o el IAE no es solo una medida técnica: es una declaración de intenciones. Es apostar por un modelo más limpio, distribuido y justo. Además, estas bonificaciones hacen que la inversión en autoconsumo sea aún más atractiva, mejorando tanto el ahorro como la rentabilidad a corto y medio plazo.
Desde Opengy, animamos a todos los ayuntamientos a aprovechar al máximo esta herramienta. Porque una política fiscal bien orientada puede marcar la diferencia entre quienes dudan… y quienes deciden dar el paso hacia la energía del futuro.